3.1. Existencia de servicios de justicia accesibles para personas en situación de desigualdad estructural (mujeres en situación de violencia, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas indígenas, migrantes, personas LGBTIQ+).
3.2. Existen programas de capacitación dirigida a las personas servidoras públicas del sujeto obligado en materia de ciudadanización, control de la corrupción, responsabilidades administrativas y ética pública.